Red Pío Tamayo para la construcción de Venezuela

martes, 3 de abril de 2007

Conflicto entre Poderes


LA REBELIÓN-IMPLOSIÓN DE LAS MAFIAS

Por: Agustín Blanco Muñoz


En este ex-país, desde la independencia al llamado ‘socialismo del siglo XXI’, prevalece la política adelantada y controlada por los negociantes, las rocas, mafias o tribus. No es casual, en consecuencia, que al producirse el enfrentamiento entre el poder legislativo y el judicial (TSJ), salga a relucir la calificación de mafia que hace el legislativo al poder que se ocupa de la administración de justicia. En este sentido, la culpabilidad o la inocencia se establecen no en función del derecho sino de la capacidad de compra-venta de ‘justicia’.

ENFRENTAMIENTO ENTRE PODERES

En este contexto actúan los diputados Escarrá y Varela que acusan de mafiosos a los magistrados del TSJ que tomaron la medida de modificar el artículo 31 de la ley de ISLR para que el pago de tributos sea sobre el sueldo base y no sobre el integral. Esto le tumba a la recaudación unos 600 mil millones de bolívares. ¿Y qué interés pueden tener estos magistrados en jugar a la disminución del ingreso de dinero para el gobierno?

“Para [Carlos] Escarrá los que aprobaron la modificación de la Ley de ISLR, ‘son los mismos magistrados que han creado un conjunto de tribus en el ámbito laboral, en el ámbito de los menores y adolescentes, en el ámbito penal’.” Y agrega: ... “Lo grave es que utilices tu posición de magistrado para crear una tribu para favorecer determinados intereses. Eso es corrupción, es degeneración del Poder Judicial, esos debían estar en (la cárcel) Uribana.”

Y para ahondar más en la descomposición reinante en el TSJ apunta: ...“Vamos a revisar las mafias en la Sala de Casación Social, con todo lo que fue la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.”... Y remata así: en esa Sala los trabajadores deben ‘transarse’ y negociar sus prestaciones sociales.”... (EU, 23/03/07, p.1-2) ¿Cada Sala tiene mafias? ¿La transacción es por las prestaciones mafias?

PLEITO ENTRE MAFIAS

Y la diputada Varela denuncia un triunvirato o mafia en la Sala Constitucional, que estaría encabezada por el magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero junto con un fiscal del Ministerio Público y una abogada. Y dice tener las pruebas. (UN, 23/03/07, p.18).

¿Y por qué la AN esperó casi un mes para reaccionar ante la medida adoptada por el TSJ? Iris Varela cuestionó las decisiones del 27/02 sobre el ISLR y la del 23/02 que ordena procesar a seis jueces penales, entre quienes figura Maikel Moreno.

La situación-denuncia en la AN se presenta el día anterior al del inicio de este procedimiento. ¿Pudiera pensarse que en la AN también hay mafias que tienen interés en poner a salvo a esos “valiosos jueces”?

LA RAPIÑA POR LA TARIFA PETROLERA

Es evidente que toda medida que limite los fondos de este gobierno es vista como perniciosa. Y hasta no es difícil colegir que quién así lo hiciere se expone a ser señalado de manejar y beneficiarse de negocios u operaciones contrarios a los intereses gubernamentales. Y, al parecer, hay muchas fuentes de financiamiento ligadas a factores de corrupción que, por supuesto, deben ser preservados y garantizada su existencia.

MILLARDOS PARA LA CORRUPCIÓN

Pero es importante advertir que este cuadro de corrupción a nivel de mafias, tribus o roscas denunciadas por la AN tienen un antecedente-registro inmediato. En efecto, el ambiente político está hoy caldeado por efectos de la corrupción desbordada y asfixiante.

Y lo llegamos a ver en casos muy concretos como el de la llamada conexión venezolana-iraní denunciado por UN (11 y 18/03/07) en reportajes de Luz Melly Reyes. El primero titulado: ‘SE BUSCAN’ y el segundo: ‘Orgía de millones en el proyecto iraní’.

La estimación inicial en pérdidas supera los 250 mil millones. Y a la hora de debatir sobre responsabilidades nos encontramos cosas curiosas. El 18/03 el GP se limita simplemente a decir que ‘No es justo meter a Irán en supuesta corrupción’. Y agrega: “Irán no tiene culpa de nuestras fallas, de las corruptelas públicas o privadas” (Ib., 19/03, p.24).

No procede a opinar sobre el fondo de las denuncias y los posibles responsables. Ni mucho menos a anunciar alguna medida contra el ‘máximo gobierno nacional’: la corrupción. ¿Por qué no se elabora y promulga una Ley Habilitante Anticorrupción inspirada en el pensamiento de Bolívar sobre la materia?

‘A MI QUE ME REGISTREN’

Y luego de esta elusión del tema, el ministro para la Economía Popular (Minep) Pedro Morejón informa que el 80% de las maquinarias iraníes están en el país y resguardadas en guarniciones militares. Insinúa que el pago de comisiones (a venezolanos, según el GP) se hizo en la administración de la ex-ministra Oly Millán. (Ib., 20/0, p.22).

De inmediato le responden dos ex-funcionarios del Minep señalando que la firma de los contratos se realiza en la administración de Elías Jaua (Ib., 21, p.18) quien responde de esta manera: “A mí que me registren”. Y pide a la Fiscalía que se investigue su gestión (Ib., 22, p.22).

Antes de esta denuncia se realiza otra que implica al mismo funcionario. La fuente (UN, 11/03) titula: “Mafia en el Gobierno guisa con el arroz”. Y en el antetítulo se lee: “Ejecutivo dejó por fuera a 14 cooperativas indígenas”. El MAT decide comercializar el arroz con empresas colombianas en detrimento de los ‘indígenas’. Y esto, denuncian los cooperativistas, lo sabía Jaua desde hace un año (Ib., 21, p.31). En todo caso, el efecto mafia sigue operando por encima de la gestión del vicepresidente que tampoco pudo negarlo.

DOS REPUBLICAS Y LAS MISMAS MAFIAS

Por esto es inevitable concluir que, en su conjunto esta revolución es la continuación del mismo dominio-gobierno de las mafias que prevalece en “los cuarenta años de las cúpulas podridas” que tanto se dice “combatir”. Esto está en el fondo de lo planteado entre los poderes legislativo y judicial.

Es la lucha en términos de implosión por el dominio de las riquezas que afloja día a día el yacimiento llamado Venezuela. Un ex -país con muchos propietarios empeñados en profundizar su destrucción y en la obtención de las respectivas y consecuentes ganancias.

Y este juego de mafias-roscas-tribus es el mismo que está planteado en la lucha a cuchillo que mantienen los grupos convocados a formar parte del ‘partido único’ para el socialismo liderado por el jefe y propietario único del propio partido y de lo que va quedando de república. Es lo que ocurre a nivel de la fuerza armada: la misma lucha, el mismo juego de intereses a ver quien presta mejores servicios para aspirar a los mayores beneficios.

¿Y LAS OPOSICIONES? BIEN GRACIAS

Y a todas estas aquí lo único que es noticia es lo que tiene que ver con el mundo-mafia de la llamada revolución, que cuenta con el apoyo irrestricto de las llamadas oposiciones que el 03/12/06 juraron con su conducta apoyar por siempre esta ‘revolución’ de la destrucción y la perversión mafiosa de una sociedad.

Por donde se vea hoy a este ex-país se le advertirá dividido, enfrentado-polarizado al punto de que un poder llama a acatar una ley del ISLR y otro poder pide desconocer ese instrumento legal. Esta es una verdadera rebelión-implosión de las mafias que nadie sabe hoy dónde puede conducir en este difícil tiempo de la más grande obra de destrucción que ha recaído sobre esta Venezuela provisional.

INSISTIENDO

* ¿Hasta dónde llegará el conflicto de poderes? * ¿Vendrán medidas cautelares o recursos de amparo a favor de, por ejemplo, RCTV? * Y ante esta implosión ¿seguirán algunos oficiales de la FA gritando “patria, socialismo o muerte”? * El partido no llegará ni a único. * Reforma Constitucional: república bolivariana y socialista con jefe único y vitalicio.


Para contactos: abm333@gmail.com

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2 comentarios:

  • Excelente artículo.

    De Anonymous Anónimo, A las 03 abril, 2007 16:50  

  • Rómulo Lares Sánchez
    Caracas, 9 de abril de 2007
    Sra. Jurate Rosales
    Directora Revista “Z”

    Muy estimada Sra. Jurate Rosales, la saludo cordialmente.
    Con el respeto que usted y su publicación merecen, me permito hacer algunos comentarios sobre su edición 1604, que leí este fin de semana por encontrarme en el extranjero.

    Son comentarios espontáneos que formulo con el mejor ánimo constructivo, por respetar la profundidad de sus puntos de vista y para comprender la “realidad” venezolana.

    En el PÉNDULO: “Ese oscuro objeto del deseo”, el editor Sr. Rafael Poleo insiste sobre las supuestas buenas intensiones de Hugo Chávez: “Lástima que Hugo sus buenas intensiones las embarra por la primitividad de sus procedimientos”.

    En su TEMA de PORTADA: “Ring de boxeo”, usted plantea un enfoque de la crisis política desde el ángulo de una crisis de poderes, entre el legislativo (AN) y Judicial (TSJ), representados por el enfrentamiento de sus presidentas, las que según usted tendrían que ponerse los guantes al subir al ring otro poder: el Poder Ciudadano, representado por su cabeza temporal, el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez.

    En EL LEGIALATIVO: “La Asamblea Nacional se soltó el moño”, el Sr. Jaime Granda, presenta la promoción del desacato de una decisión del TSJ y algunas consecuencias sobre áreas del Poder Ejecutivo tales como la administración tributaria-SENIAT y sobre el cambio de adscripción de los defensores públicos al Poder Ciudadano.

    Con relación al primer tema: Del análisis de la destrucción del proyecto democrático, de las instituciones en Venezuela: FAN, PDVSA, Hacienda y Finanzas Pública-BCV, sistema electoral y el VOTO, libertades públicas, poderes públicos nacionales, de los estados y de los municipios, desconcentración y descentralización del Estado, de la información y opinión hasta llegar al desarrollo de un sistema de manipulación sofisticado de la opinión pública nacional e internacional, entre otras, hemos llegado a la conclusión en grupos de investigación social, económica y técnica de seriedad ganada, tales como la Cátedra Pío Tamayo de la UCV, que existe un hilo conductor, de planificación y coordinación de todo este proceso en cuyo vértice se ubica el usurpador de la Jefatura del Estado desde agosto de 2003. ¿Cómo entonces referirse a las “buenas intensiones de Hugo Chávez”?

    Con relación al segundo tema: Suficientes evidencias de la desaparición absoluta del principio de separación y autonomía de los Poderes Públicos nacionales ha sido documentada hasta la saciedad. Las sospechas sobre este hecho, sobre el “control” que ejercería Hugo Chávez y la complicidad de los demás poderes han quedado demostradas mediante acontecimientos públicos, notorios y “comunicacionales” que su revista ha presentado durante los últimos años con detalle y equilibradamente. Es decir, los medios de comunicación social, particularmente ustedes durante muchas ediciones han demostrado desde diversos ángulos que en Venezuela estamos muy lejos del Estado de Derecho, que desapareció la autonomía de los poderes públicos nacionales, desde todo punto de vista formal: desde el origen de la titularidad de los representantes de los poderes públicos, hasta el contradictorio-permanente desempeño. Son tales las perversiones de las que hemos sido testigos en materia judicial desde el TSJ, particularmente en la materia que se ha convertido en mi responsabilidad, la electoral, que no debería extrañar a ustedes que “en el parlamento llamen públicamente a los magistrados del tribunal Supremo “una mafia” y se les diga que deben ser enviados a Uribana (cárcel para reos de alta peligrosidad)”. ¿No se han comportado todos los magistrados por acción u omisión como miembros de mafias? ¿Hay dudas sobre la alta peligrosidad de quienes se prestan desde la máxima instancia judicial para pervertir, anular y destruir el sistema judicial de la nación?

    En circunstancias similares, en cuanto al origen y al desempeño se encuentra el Poder Legislativo nacional, la Asamblea Nacional-AN. Ante los ojos de toda la nación y de los observadores cómplices nacionales y extranjeros que recibieron credenciales del Poder Electoral-CNE, se desarrolló el 4DIC2005 un acto más del fraude electoral continuado dirigido por un CNE absolutamente deslegitimado tanto en su origen como en su desempeño, que proclamó a los supuestos diputados de la AN. Resultados absolutamente ilegítimos e ilegales, que 15 meses después ni siquiera han sido publicados. Las opiniones presentadas que denuncian la intensión de aniquilar el TSJ, o su Sala Constitucional-SC, aparecen en respaldo a una hipótesis falsa, como si alguna de las instancias estuviese realmente cumpliendo su responsabilidad constitucional. ¿Creen ustedes que puede tener alguna trascendencia como explicación, a estas alturas, que se cree un “Tribunal Constitucional paralelo al TSJ” o que se establezca “la reelección indefinida” del presidente-usurpador?

    Sus “explicaciones” no toman en consideración, en el criterio de la tesis de la destrucción de las instituciones, que todo no es sino un acto más de la obra de manipulación de la opinión pública, según la que habría una crisis entre los poderes públicos, desviando la atención de sus lectores del verdadero centro del problema: todas las instituciones mencionadas carecen de legitimidad y de legalidad en su origen, mucho menos en el fundamento jurídico de sus acciones y decisiones.
    Tampoco las credenciales muy conocidas de la Sra. Luisa Estela Morales ni del Sr. Jesús Eduardo Cabrera, pueden diluir las críticas que también ustedes en ediciones pasadas han formulado a las actuaciones del TSJ; ¿cómo no hacer referencia a alguna a la estrella en materia electoral de la Sala Constitucional: Francisco Antonio Carrasquero López?

    ¿Es que lo realmente relevante es lo que pueda o no pueda permitir el TSJ dentro de un Estado anárquico del que son precisamente sus magistrados los primeros responsables? ¿Cómo pudiera ser relevante entonces internacionalmente, la repercusión de un desacato a cualquier decisión del TSJ por parte de cualquier otra oficina del régimen?

    Precisamente lo que está planteado en Venezuela desde agosto de 2003 es el desacato masivo del pueblo soberano a la actuación ilegal, anticonstitucional, contra los derechos civiles, políticos y humanos de los ciudadanos y residentes en Venezuela, al terrorismo de Estado promovido y practicado por los poderes públicos nacionales y sus responsables: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo-AN, Poder Judicial-TSJ, Poder Ciudadano-Consejo Moral Republicano y Poder Electoral-CNE. El desacato y desconocimiento del régimen, de su autoridad, de las legislaciones y normas promovidas por éstos, que es ordenado como deber a todo ciudadano investido o no de autoridad para colaborar con el restablecimiento de la propia Constitución vigente-CRBV99, claramente establecido en sus artículos 333 y 350.

    Los tres documentos centrales de su edición referida asignan una importancia a la fachada de las actuaciones de rutina de las instancias públicas, mientras contribuyen a desviar la atención del fondo del problema: la desaparición de la democracia, del estado de derecho, de las libertades públicas. Ambas son realidades promovidas por las partes en las que ha sido dividida la sociedad, pero ¿no es responsabilidad del periodismo presentar ambas caras de la moneda? ¿Cómo contribuir con la recuperación y el restablecimiento del experimento democrático iniciado en 1960? ¿Es posible retornar a algo mejor?

    Gracias por su atención. Muy atentamente,

    De Blogger Rómulo Lares-Sánchez, A las 10 abril, 2007 08:19  

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